Brasil suspende permiso de enorme mina de oro en la Amazonía
El Supremo Tribunal Federal frenó el proyecto Volta Grande de la empresa canadiense Belo Sun por incumplimientos en evaluaciones ambientales y consulta a comunidades indígenas del río Xingu, ya afectado por la represa de Belo Monte.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió el permiso ambiental del proyecto Volta Grande, una mina de oro a cielo abierto que pretendía instalarse en la Amazonía. La decisión, tomada por el presidente del tribunal Edson Fachin, representa un freno significativo a los planes de la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp. en el estado de Pará.
El fallo se conoció este 23 de octubre de 2026 y responde a años de oposición de comunidades indígenas preocupadas por el impacto acumulativo sobre el río Xingu, un afluente clave del Amazonas ya profundamente alterado por la represa hidroeléctrica de Belo Monte. Según el tribunal, la empresa no demostró haber cumplido plenamente con los estudios de impacto ambiental ni con las obligaciones de consulta previa a los pueblos originarios.
La zona ya sufre las consecuencias de Belo Monte, que modificó drásticamente el caudal del río, redujo las poblaciones de peces y afectó los medios de vida de las comunidades que dependen del agua y la pesca. Una mina de oro a gran escala agregaría presión sobre ecosistemas frágiles y aumentaría el riesgo de contaminación.
Sol Juruna, del Movimiento de Mujeres Indígenas del Medio Xingu, explicó a la prensa que las comunidades río abajo ya enfrentan menos peces y caudales irregulares. “Sabemos que incluso la más mínima contaminación del río lo destruiría todo para nosotros”, afirmó. La preocupación se centra especialmente en un posible dique de residuos que contendría decenas de millones de metros cúbicos de desechos y agua.
Evaluaciones independientes habían advertido sobre el riesgo de falla de ese dique, que podría liberar sustancias tóxicas como arsénico y mercurio, afectando comunidades indígenas ubicadas decenas de kilómetros río abajo. La agencia indígena FUNAI detectó además vacíos en los estudios respecto de pueblos que viven fuera de territorios formalmente demarcados, un punto clave porque la legislación brasileña y el Convenio 169 de la OIT exigen consulta a todos los afectados.
La Alianza por la Volta Grande do Xingu, que reúne a comunidades, ambientalistas y organizaciones, celebró la medida aunque reconoció que se trata de una suspensión provisional. El caso volverá a instancias judiciales para definir los pasos siguientes, que podrían incluir nuevos estudios o un acuerdo.
Este episodio pone en evidencia los conflictos recurrentes en la Amazonía entre proyectos extractivos a gran escala y la conservación de uno de los biomas más importantes del planeta. La región ya acumula impactos combinados de represas, minería, deforestación y cambio climático, lo que hace aún más crítica la necesidad de evaluaciones integrales y genuina participación indígena.
Para las comunidades Juruna y Arara, que afirman no haber sido consultadas adecuadamente, la decisión del Supremo Tribunal Federal representa un alivio temporario en una lucha que, como señaló Juruna, “no ha terminado”. Seguirán presionando para que el proyecto no se concrete en sus territorios ancestrales.